El pasado lunes 7 de agosto, el artista Rafael Trelles publicó una columna en el El Nuevo Día alertando acerca de uno de los mayores peligros que acecha nuestra colección de arte nacional. A propósito de la ventana que abre Trelles para discutir el tema, comparto algunos comentarios e interrogantes para considerar a la hora de enfrentar esta polémica. Podemos estar seguros que la Colección que está bajo la custodia del Instituto de Cultura Puertorriqueña se encuentra en riesgo, no sólo de una posible puesta en venta, sino también de deterioro y desconexión. Una colección como esta, además de rigor y seguridad, demanda de un alto compromiso político que reconozca el valor simbólico y patrimonial contenido en ella; también necesita mantenimiento preventivo, restauración e investigadores que se ocupen de dar pertinencia a los objetos que la conforman.

La Oficina de Auditoría Interna del Instituto de Cultura insiste hace años en que las colecciones que custodia el gobierno deben estar cotizadas en su totalidad, primero por motivos de seguro e inventario, luego por el valor económico que pudieran representar en caso de que sea necesario ofrecerlas como garante (colateral) de un futuro préstamo. ¿Qué implicaciones tiene la cotización total del contenido de la colección del ICP? Primeramente, un costo económico elevado, pues cada grupo de objetos que compone el total de la colección demanda de un tasador especialista certificado, no de un historiador ni un galerista que pueda asumir medianamente el rol, sino de un profesional preparado en este campo que pueda dedicar el tiempo que demanda un investigación de esta escala. Pensemos que dentro de la colección de pintura y escultura hay objetos a los cuales es relativamente sencillo asignar un valor económico que sea coherente, rastreable y de acuerdo al panorama al que pertenece dicho objeto. Por ejemplo, conocer el valor económico aproximado (o valor de mercado) de una obra de Campeche o de Oller, luego de las consultas e investigaciones pertinentes, es más sencillo que dar con el valor del trabajo de algún artista (artesano o fabricante) mucho menos documentado, o que sólo haya tenido mercado en Puerto Rico. Estos valores no pueden ser meras especulaciones y, entre otras cosas, debe de considerarse el estado de conservación

en el cual se encuentra cada obra y los materiales con los que fue construida: ni hablar del tiempo que tomaría tasar cada pieza, años posiblemente.

En segundo lugar, hay que reconocer que la precaria situación económica en la que el Estado (Fortaleza, OGP, La Junta, PNP y PPD, etc) ha mantenido al ICP por años, le da una capacidad de acción mínima y imitada para responder con agilidad a estos retos; en cuanto el valor económico de la colección aumente, el costo de la póliza de seguro que contrata la Agencia también aumentará. ¿Puede asumir ese costo el Instituto? ¿Qué consecuencias inmediatas tendría; qué santo desvestirían? ¿Tiene el Estado el compromiso suficiente como para dedicar los recursos económicos necesarios para atender esto de manera responsable?

Por último, es difícil, sino imposible, negociar con el sindicato y la oficina que mantiene las plazas congeladas y las descripciones de los puestos estáticas. El organigrama de funcionamiento del ICP y sus programas, como el de muchas otras agencias de gobierno, se ha visto forzado en más de una ocasión a modificarse de manera abrupta debido a las alteraciones económicas de último minuto que ejecuta cada administración. Cada Programa y Oficina merece un diseño de funcionamiento adecuado y demanda de una estrategia planificada que pueda atender en su totalidad las gestiones delegadas sobre ella. El personal existente que se encarga del manejo de la Colección hace lo mejor que puede con lo que tiene, incluso, muchas veces hace más, pero, ¿por qué tapar el sol con la mano?, carecen de los recursos necesarios, no dan abasto y el ICP urge de la tecnología gerencial y el apoyo político para modificar ese escenario.

Esto nos pone en perspectiva del volumen de trabajo pendiente y del tiempo que tomaría un ejercicio responsable sobre un asunto tan amplio como el de las Colecciones de arte a cargo del Estado. Para empezar, necesitamos un repertorio de instrumentos legales que nos permita asegurar su protección y mantenimiento justo. Por ejemplo, una partida de dinero fija dedicada a la restauración de obras, un taller de conservación en el que podamos dar mantenimiento preventivo sin que conlleve altísimas inversiones de dinero. Este asunto demanda de soluciones específicas, y para ello, la vía es comenzar por la historia de la colección y el desarrollo de su andamiaje administrativo. No podemos partir de la implementación de políticas diseñadas para otros contextos como la alternativa a seguir, tenemos que asumir el reto que implica desarrollar soluciones propias para cada colección, conscientes del panorama político que enfrentamos y los recursos que estamos dispuestos a comprometer en dicha tarea.

Ahora bien, la colección del Instituto de Cultura no es la única en riesgo, también lo están las demás colecciones que son propiedad del gobierno. Recordemos que la Compañía de Turismo, la Universidad de Puerto Rico y municipios como San Juan, Bayamón y Caguas son custodios de obras de arte y piezas arqueológicas. Pensemos un momentos en los museos de arte que reciben apoyo económico del Estado: el Museo de Arte de Puerto Rico, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte de Ponce, solo por mencionar los más conocidos, ¿no está en juego también el futuro de esas colecciones? Basta con observar el comportamiento que ha asumido el Estado con el sector de la cultura, delegando cada vez más sus responsabilidades y reduciendo poco a poco su campo de acción; no sería absurdo pensar que en algún futuro cercano ese patrimonio esté aún en mayor riesgo.

El valor cultural de estas obras es incalculable para nuestro acervo. Las colecciones son lo más cercano a un panorama de la plástica puertorriqueña y la historia de sus instituciones; gracias en parte a la participación que tuvo el Estado en algún momento, pero sobre todo, gracias al apoyo de artistas, gestores culturales y coleccionistas que durante décadas han velado por la integridad de ese patrimonio.

A esta altura no se puede resolver con propinas, es un asunto de responsabilidades.

Se nos acaba el tiempo.

En Madrid, el 8 de agosto de 2017.

*Publicado originalmente en la edición en línea del periódico El Nuevo Día, con el titulo, “En peligro las colecciones de arte en Puerto Rico”. Publicado en su versión original en la edición en línea del periódico Claridad.